La Argentina necesita de un contexto que propicie el aumento sostenido de la producción y la generación de puestos de trabajo para superar la realidad socio-económica que padece, caracterizada por una alta tasa de inflación, un escaso y costoso acceso al crédito y un tercio de su población por debajo de la línea de pobreza.
Sin embargo, la política tributaria que desde algunas provincias se está diseñando para el año 2018 no parece favorecer ese imprescindible clima de inversión y crecimiento inclusivo. En esa línea, el Gobernador de Córdoba, con su intención ya manifiesta de incrementar el Impuesto Inmobiliario Rural muy por encima de la tasa de inflación y la falta de rediseño de la estructura estatal que tienda a eficientizar el gasto público para comenzar a disminuir la presión tributaria que pesa sobre el sector productivo se muestra decidido a postergar, una vez más, ese ciclo virtuoso.
Desde el año 2001 hasta nuestros días el impuesto territorial en Córdoba se ha multiplicado por seis, tanto en moneda fuerte (Dólar) como a valor producto pero, claramente, los productores sufren a diario las consecuencias de que ese incremento desmedido del 600 por ciento no haya vuelto en obras de infraestructura que faciliten y potencien su capacidad de generar alimentos y energía para nuestro país y el mundo, al menos con la velocidad de concreción con que el Ejecutivo Provincial las imagina y publicita. Campos aún anegados, caminos intransitables, crecientes restricciones ambientales que acorralan al productor y una presión tributaria agobiante distinguen el clima de inversión en el que deberá moverse el campo cordobés si se aprueba el Proyecto oficial de Presupuesto para el año entrante.
Debe entenderse que todo incremento en la presión impositiva afecta la capacidad de inversión del productor, condicionando su continuidad en la actividad, generando caídas en los niveles de empleo y de demanda de mano de obra, ya que en este escenario inflacionario los sectores productivos son sometidos a un continuo aumento del costo de insumos insustituibles para la producción que se explica, en muchos casos, por el alza en su componente impositivo.
Una verdadera política de reducción de la presión impositiva no se concreta reemplazando un impuesto por otro sino disminuyendo, en términos reales, el agobio con el que el ingrediente tributario oprime, limita y condiciona la actividad.
Por estas razones y aunque valora la disposición para diferenciar el impacto del mayor valor, segmentándolo, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba rechaza enfáticamente el anunciado aumento del 37% (Promedio) en el Impuesto Inmobiliario Rural para la anualidad 2018 y apela al sentido común del Ejecutivo para reconsiderarlo antes de su envío a la Unicameral.
Córdoba, 13 de noviembre de 2017
Ing. Mariano Andrade Agustín Pizzichini Alejandro Buttiero Ing. Gabriel De Raedemaeker
SRA FAA CONINAGRO CARTEZ