Durante los últimos años, las provincias y los distintos actores involucrados en la producción de biocombustibles trabajaron para generar una norma superadora de la Ley 26093, sancionada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner: mejor para el ambiente y necesaria para cumplir con los compromisos internacionales de desarrollo sostenible firmados por nuestro país, y que además fuera disminuyendo las divisas destinadas a la importación de combustibles fósiles.
No obstante, ayer, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto presentado a último momento por el Gobierno, totalmente antagónico con aquellos objetivos, que deja abierta a la autoridad de aplicación la posibilidad de reducir el porcentaje de bioetanol de maíz en las naftas, en detrimento de bioeconomías formadas en torno de recursos renovables asentados en el interior del país. Se beneficia así a los productores de combustibles fósiles, que emiten hasta un 70% más de gases de efecto invernadero que sus equivalentes biológicos, y contienen aditivos contaminantes y son de peor calidad por su menor contenido de octanos.
Es fundamental entender que esta situación no solo perjudica a quienes arriesgaron capital en la instalación de plantas de biocombustible, sino también a la gran cadena maicera que involucra a productores que aportan la materia prima, a ganaderos que compran el subproducto del bioetanol para alimentar a sus animales, y hasta a las empresas de bebidas carbonatadas. La industria de biocombustibles nunca recibió fondos del Estado, solo fue exenta de los impuestos a los combustibles líquidos y al carbono por su favorable impacto ambiental.
Además de ayudar a la desconcentración del casi monopólico mercado de combustibles líquidos, la producción local de bioetanol de maíz permite ahorrar divisas e industrializar la materia prima en origen, evitando costosos fletes a puerto que muchas veces dejan fuera de mercado a los productores de maíz de zonas alejadas.
El país atraviesa una profunda recesión económica. En este contexto, no nos podemos permitir leyes que van en contra del desarrollo productivo federal y del empleo genuino. Nuestros legisladores no pueden seguir desperdiciando oportunidades ni condenar actividades sostenibles mediante normas que implicarán el cierre de plantas de producción que se han desarrollado con un gran esfuerzo. Es enorme la oportunidad que tenemos para avanzar en una clara federalización y agregando valor a la producción primaria de un modo sostenible.
El mundo avanza decididamente hacia lo sustentable, reduciendo significativamente la utilización de los combustibles fósiles. Somos el único país del mundo que en lugar de debatir cómo aumentar los cortes está a punto de aprobar lo contrario. La media sanción consolida una política desfavorable para el país y pone de manifiesto la falta de información de los Diputados que votaron a favor de este proyecto para entender el enorme aporte del campo y la agroindustria, lo más competitivo que tiene este país.