El proyecto de ley de biocombustibles del Frente de Todos pone en estado de alerta a la mayoría de las cámaras del sector y a sus cadenas de valor, tanto por su regresividad en el uso de los combustibles ecológicos como por el alto poder de discrecionalidad que le otorga a la Autoridad de Aplicación.
La iniciativa oficialista, que obtuvo esta semana dictamen favorable de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, promueve una reducción de la mezcla de biodiesel en gasoil/diesel del 10% hasta 3% y del 12% hasta el 9% en el caso del bioetanol, ajuste que se aplicaría exclusivamente y sin razón alguna a las empresas que lo producen en base a maíz.
Además de la drástica reducción de la demanda de biocombustibles, factor que provocaría el cierre de empresas y el fin de una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina, el proyecto habilita a la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Energía) a manejarse con extrema discrecionalidad y a intervenir en mercados que no son ni deben ser de su incumbencia.
Esas facultades extraordinarias, que le quitan todo viso de seguridad jurídica al proyecto, incluyen la posibilidad de intervenir en las cadenas de valor para “garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria, pudiendo arbitrar y establecer los mecanismos que estime necesarios a fin de que la adquisición de aquellos sea llevada a cabo según las condiciones normales y habituales del mercado y sin distorsión alguna, estableciendo como límite en el caso que corresponda, el precio de exportación de dichos insumos menos los respectivos gastos” (inciso g, artículo 3 ) .
Esto es un intento claro y directo de intervención del Estado en las diferentes cadenas de valor, especialmente en la estrategia productiva, la logística y la política comercial de las empresas proveedoras de insumos críticos – como el maíz y el aceite de soja -, constituyendo un impedimento concreto para su normal y eficiente desarrollo.
Es menester aclarar que en los quince años de vida de la ley de biocombustibles, no solo nunca hubo desabastecimiento de aceite de soja para producir biodiesel, ni de maíz para producir bioetanol, sino que los precios se pactaron libremente entre las partes, acorde a las distintas variables de estos mercados, que se caracterizan por ser abiertos, eficientes, y transparentes.
El proyecto de ley presenta numerosos vicios de forma y de fondo, por lo que es necesario prorrogar la actual ley para poder discutir con el tiempo necesario una norma moderna y eficiente que potencie los beneficios ambientales, económicos y sociales de todos los biocombustibles, en un todo de acuerdo con los acuerdos climáticos internacionales firmados y ratificados recientemente por la Argentina.
Firmantes:
Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA)
Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR)
Asociación de Semilleros Argentinos (ASA)
Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA)
Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)
Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF)
Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA)
Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO)
Cámara de Bioetanol de Maíz (BIOMAIZ)
Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA)
Centro Exportador de Cereales (CEC)
Confederaciones Rurales Argentina (CRA)