AGRICULTURA

La cadena de soja opera legalmente y es el principal sector económico y generador de empleo del país

Ante algunas afirmaciones realizadas durante el debate de la ley de solidaridad social que demostraron desconocimiento de cómo funciona la cadena de la soja argentina, quisiéramos hacer algunas aclaraciones al respecto.

La Argentina siembra aproximadamente 18 millones de hectáreas de soja a lo largo de gran parte de su geografía. Existe un mercado muy competitivo y transparente que opera durante todo el año para la compra de la oleaginosa con recibo en algunas fábricas o puertos secos en el interior del país y en los puertos de Necochea y Bahía Blanca, pero sobre todo en las grandes plantas de molienda en la zona aledaña a Rosario.

En ese mercado intervienen muy tradicionales y respetables instituciones, algunas tan viejas como la República, que bregan por el cumplimiento de las buenas prácticas comerciales, la difusión de los precios operados, mercados de futuros modernos y cámaras arbitrales en donde se zanjan de un modo ejecutivo los pocos conflictos comerciales. La producción se exporta en parte en su estado natural y el mayor porcentaje se industrializa en Argentina, consumiéndose localmente, o sobretodo exportándose como harina de soja, aceite crudo o refinado, lecitina, glicerina, biodiesel, o con mayores niveles de agregado de valor, como carne de todo tipo convirtiéndose en la cadena de mayor generación de dólares del país.

Todas las compras locales son declaradas en los organismos competentes y las ventas al exterior se declaran ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a precios que son monitoreados y publicados cada día, son fácilmente constatables pues el mercado internacional opera con enorme transparencia y precios públicos. Su exportación es supervisada por la Aduana, Senasa y todos los organismos de contralor correspondientes.

El flujo de divisas respeta todas las normativas del Banco Central de la República Argentina.

El régimen de importación temporaria permite que las plantas de molienda de la zona Rosafé puedan industrializar soja importada, generando trabajo y permitiendo realizar exportaciones de harina y aceite nacionales, operación también monitoreada por todos los organismos intervinientes en controles de exportaciones.